La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado, a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, al Consejo del Poder Judicial del Estado y a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato a revisar y atender, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, diversos señalamientos relacionados con posibles omisiones, deficiencias en la atención institucional y afectaciones a los derechos de personas involucradas en distintos procedimientos.

Se plantea reiterar el exhorto a la Fiscalía General del Estado para que realice una revisión integral, objetiva y exhaustiva de las carpetas de investigación, averiguaciones previas, determinaciones ministeriales y actuaciones relacionadas con los casos expuestos en un punto de acuerdo presentado el pasado 16 de junio, particularmente respecto de posibles omisiones de investigación, falta de respuesta efectiva, deficiencias en notificaciones y valoración de datos de prueba.

Y al Consejo del Poder Judicial del Estado se le solicita revisar, dentro de sus facultades administrativas, disciplinarias y de vigilancia, las manifestaciones relacionadas con posibles irregularidades en notificaciones, trato en audiencia, acceso a salas, retiro o sustitución de defensa particular y atención a personas en condición de vulnerabilidad, dejando a salvo el contenido y sentido de las resoluciones jurisdiccionales.

La propuesta pretende dar seguimiento a hechos posteriores y a nuevas quejas presentadas, particularmente a los casos de Alicia Hernández Ruiz y Ma. Ascensión Rodríguez Romero, así como reiterar solicitudes formuladas previamente ante esta Legislatura.

Al hacer uso de la voz, la legisladora señaló que el acceso a la justicia no debe limitarse a la apertura de carpetas, recepción de escritos o emisión de determinaciones formales, sino que debe traducirse en respuestas efectivas, acompañamiento y medidas concretas de protección para las personas que acuden ante las instituciones públicas.

Comentó que, en el caso de Alicia Hernández Ruiz, se plantea que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato determine su competencia y dé trámite a la queja relacionada con posibles actos u omisiones de naturaleza administrativa que pudieran haber afectado su derecho al trabajo, al libre ejercicio profesional, a la seguridad jurídica, al trato digno y a su reputación profesional.

Asimismo, se solicita que dicho organismo analice la posible reiteración de actos que la promovente considera como represalias derivadas de su intervención y de los señalamientos que ha formulado en diversos expedientes, sin prejuzgar sobre la responsabilidad de persona servidora pública alguna.

Respecto de Ma. Ascensión Rodríguez Romero, la legisladora, dijo que se busca que se atiendan los señalamientos relacionados con posibles omisiones ministeriales, falta de respuesta efectiva, deficiencias en notificaciones y un trato presuntamente discriminatorio por su condición de persona analfabeta, entre otras actuaciones administrativas que pudieran haber afectado sus derechos humanos.

La diputada también destacó la situación de Alicia Hernández Ruiz, quien, de acuerdo con la propuesta, ha solicitado atención psicológica a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas sin recibir hasta el momento una respuesta efectiva.

En ese sentido, la legisladora resaltó que se pretende que la Comisión establezca contacto inmediato con la ciudadana, realice una valoración interdisciplinaria de sus necesidades y otorgue o canalice la atención psicológica y psiquiátrica que corresponda, tomando en consideración la constancia médica presentada y las solicitudes de atención previamente realizadas.

Finalmente, puntualizó que la función del Congreso del Estado no es sustituir a las instituciones encargadas de investigar, impartir justicia, atender a víctimas o proteger los derechos humanos, sino exigir que cada una cumpla, dentro de sus atribuciones, con las obligaciones establecidas en la Constitución y las leyes.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.