Este día, las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales revisaron cuatro iniciativas.
Creación de la Unidad de Vigilancia y Evaluación
En primer lugar, se dialogó sobre la iniciativa de reforma a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, en materia de desempeño de la Auditoría Superior del Estado. El diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor manifestó que se busca fortalecer las funciones de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, además de garantizar el correcto desempeño de la Auditoría superior, mediante la creación de la Unidad de Vigilancia y Evaluación.
Remarcó que la intención es robustecer la transparencia, mejorar los procesos de evaluación, proporcionarle mejores herramientas a la Comisión y consolidar un esquema más robusto de rendición de cuentas en el Congreso del Estado.
Asimismo, dijo que lo que se plantea es una especialización técnica y una delimitación institucional de funciones vinculadas específicamente a la evaluación y vigilancia parlamentaria de la Auditoría Superior del Estado, evitando precisamente la dispersión administrativa y fortaleciendo los mecanismos de control legislativo.
De manera general se argumentó que la iniciativa no proporciona elementos suficientes para identificar, cuantificar ni valorar adecuadamente los costos en los que estará incurriendo; que sí implica un impacto presupuestal general del Estado, ya que plantea la creación de una Unidad de Vigilancia y Evaluación con funciones centralizadas en supervisión, control, evaluación del desempeño y seguimiento de la Auditoría Superior del Estado (ASEG), así como apoyo técnico a la Comisión de Hacienda y Fiscalización, lo que representa una carga presupuestal a las finanzas del Poder Legislativo.
Se añadió que se identifican riesgos para la eficiencia operativa de uno de los Poderes del Estado y del cumplimiento, como sujeto obligado, de las medidas de disciplina establecidas en la Ley de Disciplina Financiera; que no se aporta debidamente el beneficio para el estado ni evidencia de que la experiencia a nivel federal con la Auditoria Superior de la Federación sea replicable a nivel subnacional, ni que tampoco da evidencia de que las experiencias en otros estados hayan generado los resultados esperados.
Ramos Sotomayor comentó que las evaluaciones de desempeño se realizan de manera dispersa dentro de distintas áreas administrativas sin existir un órgano técnico especializado que auxilie directamente a la Comisión de Hacienda y Fiscalización en la revisión de informes, indicadores, resultados y procesos de vigilancia parlamentaria.
Subrayó que la iniciativa no busca invadir funciones ni generar duplicidades innecesarias sino establecer una instancia técnica-especializada que fortalezca el trabajo parlamentario, profesionalice los procesos de evaluación y permita al Congreso ejercer de manera más eficaz sus facultades constitucionales de vigilancia y evaluación, fortalecer la transparencia y fortalecer las herramientas institucionales para revisar, analizar y evaluar el desempeño de quienes tienen a su cargo la fiscalización de los recursos públicos.
Establecimientos que vendan bebidas alcohólicas cuenten con un sistema de videovigilancia
Posteriormente, se revisó la iniciativa de reforma a la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, a efecto de implementar la obligación de que los establecimientos sujetos a esta ley cuenten con un sistema de videovigilancia permanente al interior y exterior del local y la prohibición de borrar, alterar, ocultar o negar la entrega del material videograbado a la autoridad competente cuando ésta lo requiera.
Se consideró que la videograbación continua de clientes y personal de un local es una molestia a la integridad y entorno privado de las personas sin que medie mandamiento judicial alguno. Además de que, obligaría a las personas propietarias a recoger datos audiovisuales sensibles (imagen y posiblemente audio) de terceros sin consentimiento y sin regulación adecuada, al no prever quién resguardaría, por cuánto tiempo se almacenarían o cómo se garantizaría la confidencialidad, por lo que la reforma entraría en contradicción directa con el espíritu de protección de la información privada.
De igual manera, se argumentó que enfatizó que la inspección y supervisión de videograbaciones privadas de establecimientos forma parte de una función de los ayuntamientos.
Los iniciantes hicieron un llamado a reflexionar sobre la negativa y lo expuesto, al comentar que existen muchos establecimientos que actualmente cuentan con sistemas de videovigilancia, y que de acuerdo a lo expuesto deberían, entonces, quitarlos, lo mismo en las centrales de autobuses donde con o sin consentimiento se graba a las personas; que los locales de concurrencia pública se definen como espacios que reciben a público en general y se clasifican conforme el permiso que tienen, por lo que no son espacios privado.
Asimismo, comentaron que, en efecto, se busca en la propuesta darles atribuciones a los ayuntamientos; que debe prevalecer el bien de la comunidad y no el particular.
Igualdad Sustantiva
Finalmente se revisaron dos iniciativas de reforma; una incide en la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato; y la otra en la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus municipios, en materia de atención, prevención y erradicación de las violencias de género, igualdad sustantiva y lenguaje incluyente.
Se comentó que las reformas se articulan en torno a tres ejes transversales: lenguaje incluyente y no sexista, igualdad sustantiva y prevención, atención y erradicación de la violencia de género. Siendo la primera vez en la historia legislativa de Guanajuato que el ciclo financiero completo es objeto de una reforma integral con perspectiva de género.
En los trabajos participaron las diputadas María Isabel Ortiz Mantilla, María del Pilar Gómez Enríquez, María Eugenia García Oliveros y Susana Bermúdez Cano, así como los diputados Víctor Manuel Zanella Huerta y Carlos Abraham Ramos Sotomayor.
Los acompañaron representantes de la Consejería Jurídica, de la Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Seguridad y Paz, de Servicio de Administración Tributaria del Estado, de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas y personas asesoras parlamentarias.