El Congreso del Estado de Guanajuato realizó una consulta a personas de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para analizar el segundo bloque de iniciativas de reforma a diversos ordenamientos, con la finalidad de garantizar su participación efectiva, inclusiva y significativa en los procesos de toma de decisiones que impactan directamente en su vida y en el ejercicio de sus derechos.
Al hacer uso de la voz, la diputada Plásida Calzada Velázquez externó que este proceso representa el compromiso del Poder Legislativo para garantizar la participación efectiva, inclusiva y significativa en las decisiones que impactan directamente en los derechos de las personas de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Explicó que, tras concluir las fases de diálogo interno en las comunidades, la jornada actual tiene como propósito propiciar el intercambio directo con las y los legisladores para conocer de viva voz las opiniones, observaciones y propuestas de las autoridades y representantes tradicionales sobre las iniciativas del segundo bloque temático.
Asimismo, detalló que el objetivo central es integrar estas aportaciones en el proceso de dictaminación que se lleva a cabo en las distintas comisiones de la Sexagésima Sexta Legislatura e indicó que este bloque de trabajo se enfoca en tres ejes fundamentales: el desarrollo social, económico y presupuestal; la salud y el bienestar; y la identidad, la lengua y la cultura.
En su intervención, el legislador Jesús Hernández Hernández invitó a mantener una participación frente a la discriminación o la falta de escucha de quienes se niegan a reconocer sus demandas, destacando la importancia de llevar las voces de las comunidades a estos espacios institucionales.
Agregó, que la salud mental y emocional constituye una preocupación central para las diputadas y diputados, recordando que se organizó un foro en la materia, en los meses pasados, con la participación de juventudes y representantes indígenas para garantizar que estos grupos de población se sientan representados.
Por su parte, el congresista David Martínez Mendizábal mencionó que queda como pendientes diversos planteamientos expresados en la mesa, tales como la autonomía de las autoridades comunitarias, los criterios de asignación presupuestal, la necesidad de visibilizar y etiquetar recursos para los pueblos afromexicanos, y la compleja problemática que enfrentan los indígenas urbanos.
Finalmente, se comprometió a impulsar y defender en las leyes las demandas expuestas sobre salud mental, derechos culturales y representación indígena, junto a precisar que la construcción de una sociedad que respete y garantice los derechos de los pueblos originarios no es una tarea exclusiva del gobierno, sino un esfuerzo compartido que requiere tanto la responsabilidad institucional de las y los legisladores como la organización, el diálogo y la unidad al interior de las propias comunidades.
Desarrollo social, económico y presupuestal
La primer aparte consultó cuatro iniciativas; las primeras tres, para modificar la Ley de Desarrollo Social y Humano, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos y la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Guanajuato, con el objetivo de garantizar la asignación directa de recursos públicos a estos pueblos y comunidades; así como la reforma a la Ley para el Desarrollo y Competitividad Económica del Estado de Guanajuato y sus Municipios, a fin de fortalecer el capital humano, la reducción de brechas en el acceso a empleos emergentes y la mejora de la competitividad de los sectores productivos.
Las personas consultadas celebraron los espacios de diálogo y manifestaron su disposición de colaborar con sus conocimientos para enriquecer las normas, destacando la importancia de revalorar la sabiduría ancestral, la espiritualidad y el papel fundamental de los abuelos y abuelas en la preservación de la identidad y el destino de las comunidades; se reflexionó sobre la necesidad de trascender la visión de la “cultura dominante”, exigiendo el pleno reconocimiento constitucional de la autonomía de los pueblos, la creación de órganos interculturales de decisión y el respeto a sus propias formas de organización sociopolítica.
En el ámbito presupuestal y de desarrollo social, señalaron que la administración y asignación de recursos públicos federales y estatales debe realizarse de manera directa, sin intermediarios burocráticos ni excesivas cargas administrativas o fiscales que limiten la ejecución de obras prioritarias en las localidades; plantearon la urgencia de analizar mecanismos legales para que los municipios destinen de forma efectiva un porcentaje directo a las comunidades indígenas, tal como lo han sustentado criterios recientes, además de la capacitación técnica, asesoría especializada y la creación de oficinas de apoyo municipal para la elaboración de proyectos ejecutivos.
También, insistieron en que las leyes de desarrollo social y de control de recursos reconozcan expresamente a las comunidades, a sus delegados, consejos comunales y comités de administración y vigilancia como sujetos de derecho plenamente facultados para administrar sus propios fondos; se denunciaron las barreras cotidianas y la falta de reconocimiento que enfrentan las comunidades indígenas urbanas y los artesanos; exigieron la protección frente a restricciones en espacios públicos para la práctica de sus tradiciones, ceremonias y medicina tradicional; e hicieron un llamado enérgico para que las reformas no se queden únicamente en el papel, sino que se traduzcan en presupuestos suficientes, combate real a la marginación, respeto a la tierra y los recursos naturales, y una verdadera voluntad política de los poderes públicos para garantizar justicia y dignidad a todas las comunidades.
Salud y bienestar
En este apartado se analizaron las iniciativas de reforma a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato; primera, con el objeto de garantizar el acceso universal a la atención en salud mental y aprovechar el potencial de las tecnologías digitales para reducir las brechas existentes; segunda, para reconocer de manera expresa la salud menstrual como parte del derecho a la protección de la salud y garantizar el acceso gratuito y progresivo a productos de gestión menstrual en el sistema público de salud.
Los asistentes coincidieron en señalar que la salud es un derecho fundamental que no debe depender de la condición económica ni de la ubicación geográfica, destacando la necesidad de atender de manera integral, tanto la salud mental como la emocional, debido a las pérdidas, los traumas intergeneracionales, la discriminación por fenotipo y los altos niveles de estrés que afectan a niñas, niños, jóvenes y adultos mayores en los municipios y comunidades.
Asimismo, enfatizaron que las familias rurales e indígenas enfrentan graves barreras de acceso, escasez de medicamentos en centros de salud, con las fichas de atención médica y una preocupante falta de especialistas en psicología; solicitaron garantizar un servicio digno, humano, gratuito, de calidad y con presencia permanente de personal médico y ambulancias durante las noches para evitar traslados fatales por caminos en mal estado.
Asimismo, propusieron articular la atención institucional con la medicina tradicional y herbolaria de los abuelos, permitiendo la presencia oficial de médicos tradicionales y terapeutas comunitarios en los centros de salud, además de exigir el respeto absoluto al trato que brindan las instituciones y el suministro adecuado de productos de gestión menstrual para mujeres y niñas en zonas vulnerables; e hicieron la petición de la presencia obligatoria de traductores e intérpretes de lenguas maternas en registros civiles, clínicas de salud y servicios de atención mental.
Identidad, lengua y cultura
Finalmente, se preguntó acerca de la propuesta que busca reformar el Código Civil para el Estado de Guanajuato, para que las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas puedan solicitar que sus actas del Registro Civil se expidan en su propia lengua indígena, conservando íntegramente su identidad, nombres y apellidos conforme a su escritura y pronunciación, de acuerdo con sus sistemas normativos internos; y de la iniciativa de reforma a la Ley de Derechos Culturales para el Estado de Guanajuato, con la finalidad de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la lectura y al acceso a la cultura para las personas con discapacidad, así como para aquellos sectores de la población que se comunican en otras lenguas.
Las personas de pueblos y comunidades indígenas centraron sus intervenciones en la preservación, enseñanza y fortalecimiento de la identidad, la lengua y la cultura de los pueblos originarios, señalando que en las escuelas no solo debe promoverse la comunicación oral de las lenguas indígenas, sino también su lectoescritura mediante sistemas formales, evitando la importación de docentes externos y abriendo oportunidades laborales a los jóvenes locales con talento lingüístico.
Por otra parte, reflexionaron sobre la necesidad de adaptar la educación básica para que realmente prepare a la niñez y a la juventud, previniendo el abandono escolar y fomentando alternativas productivas locales como la transmisión de oficios artesanales tradicionales, evitando así que las nuevas generaciones se vean obligadas a emplearse en la industria o migrar perdiendo sus raíces comunitarias.
Finalmente, los participantes valoraron positivamente la propuesta para que las actas de nacimiento se expidan en lenguas indígenas respetando la grafía, pronunciación y los sistemas normativos internos de cada comunidad cuando así lo solicite la persona interesada; y propusieron ir más allá mediante la creación de un código civil específico para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, el tener notarios indígenas y la garantía de que sean personas de las propias comunidades quienes ocupen los espacios de representación y decisión pública, asegurando así una verdadera justicia cultural e institucional en el estado.
En su intervención, Luis Alberto Estrella, representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, enfatizó que los comentarios, sugerencias y críticas expresadas constituirán insumos fundamentales para que el Poder Legislativo construya normas de alta calidad que eviten quedarse en simples catálogos de buenas intenciones.
Por su parte, Saraí Núñez Cerón, subsecretaria para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, expresó que más allá de opiniones, la importancia de la reunión radica en escuchar las voces de quienes caminan, experimentan y enfrentan día a día las necesidades, preocupaciones y aspiraciones de sus comunidades.
Mientras que, Eduardo Hernández Hernández, representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ofreció brindar atención personalizada y asesoría específica a los representantes locales sobre los trámites correspondientes a localidades de la región reiterando la disposición de la institución para colaborar estrechamente con las comunidades.
En la reunión estuvieron presentes la diputada Plásida Calzada Velázquez; así como los diputados David Martínez Mendizábal y Jesús Hernández Hernández.
Además, asistieron personas de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; personal de la Secretaría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas; asesores de grupos parlamentarios; y personal de las diferentes áreas del Congreso del Estado de Guanajuato.