El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que active de inmediato sus mecanismos constitucionales y conozca e investigue de oficio las presuntas violaciones de derechos humanos por los actos u omisiones de las autoridades administrativas de carácter federal para prevenir y vigilar la reparación integral del daño respecto a las violaciones de derechos de las víctimas.
Al hablar de este punto, la diputada Luz Itzel Mendo González explicó que, durante años, la Fiscalía General de la República (FGR) en un acto que agravia directamente a las víctimas, concluyó inicialmente que no se habían encontrado elementos para perseguir esos delitos en territorio nacional. Añadió que, tras la notificación del no ejercicio de la acción penal dictada en diciembre de 2025 bajo la gestión de Alejandro Gertz Manero, la actual titular de la FGR ha marcado una nueva directriz, manifestando formalmente su intención de reabrir el expediente.
En un fallo trascendental, dijo Mendo González un juez federal, revirtió la decisión previa de la Fiscalía y ordenó la reapertura inmediata del caso. Afirmó que esa determinación judicial responde a la extrema gravedad de las imputaciones contra la cúpula de la congregación, señalada por estructurar y dirigir una red dedicada al abuso sexual infantil y al enriquecimiento ilícito.
La legisladora mencionó que la nueva etapa de investigación deberá profundizar en la responsabilidad de todos los integrantes de la estructura delincuencial, ya que el Estado mexicano tiene una deuda histórica y moral con las víctimas de “La Luz del Mundo”.
Sostuvo que es imperativo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) asuma un rol activo y vigilante en este proceso, y que emita medidas cautelares y recomendaciones contundentes que aseguren que las víctimas no sufran de revictimización por parte de las autoridades, garantizando un entorno seguro para quienes han tenido la valentía de señalar a una estructura de poder tan profundamente arraigada.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, para su estudio y dictamen.