En sesión de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura se radicaron y aprobaron las metodologías de análisis de tres iniciativas.

Una, busca modificar la Ley de Derechos Culturales para el Estado de Guanajuato, con el objeto de que la cultura sea reconocida y valorada como esencia del desarrollo; las otras dos plantean reformas a la Ley de Educación estatal con la finalidad de que las autoridades educativas garanticen el cumplimiento de las normas de tránsito y la seguridad de los menores, cuando sean conductores de vehículos automotores y motocicletas para asistir a clases; y en materia de salud mental positiva.

La primera, se remitirá a la Coordinación General Jurídica, al Instituto Estatal de la Cultura y los 46 Ayuntamientos. La diputada Yulma Rocha Aguilar externó que se debería valorar la realización de una consulta a los pueblos indígenas dado que se habla sobre la una política cultural. Su propuesta fue avalada.

La segunda, se enviará a la Coordinación General Jurídica y a la Secretaría de Educación; mientras que la tercera se turnará a la Coordinación General Jurídica, a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Salud.

Para todas las iniciativas, los entes consultados tendrán hasta el 24 de mayo para remitir sus comentarios; se habilitará una liga en el portal de internet del Congreso, por el mismo periodo, y se realizarán mesas de trabajo.

De igual manera, se acordaron cambios a dos metodologías. La primera sobre la iniciativa de Ley de Convivencia Escolar Pacífica en el Estado, a fin de solicitar se realice consulta previa dirigida a niñas, niños y adolescentes; la segunda, respecto la propuesta de reforma a la Ley de Educación estatal, con la finalidad de que en la Educación Especial que se brinde, se considere la vocación económica regional en el Estado. de solicitar se realice consulta previa dirigida a personas con discapacidad.

En cuanto al seguimiento a cuatro propuestas de punto de acuerdo que pretender exhortar a la rectora de la Universidad de Guanajuato (UG), para que deje de amedrentar por medio de la Fiscalía a los estudiantes manifestantes; así como a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato para que dé acompañamiento a los estudiantes denunciados; a la rectora de la UG que deje de criminalizar a las y los estudiantes que participaron en las manifestaciones, así como para que impulse prácticas democráticas que promuevan el diálogo y el respeto a la pluralidad de ideas, pensamiento crítico y derechos de la comunidad estudiantil; al Fiscal General del Estado de Guanajuato para que garantice que la investigación de los delitos por daños por los que se acusa a los estudiantes de la UG se realice observando el debido proceso, con legalidad y respeto a sus derechos humanos; y al titular de la Secretaría de Gobierno para que a través de la Defensoría Pública haga efectiva la garantía de una adecuada defensa a los estudiantes de la UG acusados presuntamente por el delito de daños a edificios públicos y bienes con valor artístico e histórico; y pedir al Consejo General y la rectora general de la UG se conduzcan a la conciliación y entendimiento entre toda la comunidad universitaria; y pedir al fiscal general ordene el cierre de la carpeta de investigación número 130424/2023 en contra de las y los estudiantes de la UG que ejercieron su derecho a la libre manifestación; a la Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral con sede y base en Guanajuato de la Primera Región del Estado, para que garantice los derechos humanos de las y los estudiantes criminalizados por la Fiscalía General del Estado en la causa penal 1P1424- 89; y a la rectora general para que garantice los derechos de protesta y libertad de expresión de las y los estudiantes.

Se acordó solicitar información a la rectora y al fiscal sobre el estatus de las denuncias de los estudiantes que se presentaron, para posteriormente llevar a cabo una mesa de trabajo.

En los trabajos estuvieron presentes las diputadas María de la Luz Hernández Martínez (presidenta), Lilia Margarita Rionda Salas, Araceli Sánchez Soto y Yulma Rocha Aguilar; así como los diputados Armando Rangel Hernández.