La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales realizó una mesa de trabajo para revisar una iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado para establecer que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PRODHEG) cuente con las facultades para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidos por particulares.
Se indicó que la propuesta busca brindar de facultades a la PRODHEG para investigar casos bajo los siguientes supuestos: cuando los particulares realicen actos equivalentes a los de la autoridad; que el particular haya contado con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público; y en los casos en los que la persona quejosa se encuentre en estado de subordinación o indefensión.
La diputada Plásida Calzada Velázquez comentó que hablar de derechos humanos es hablar de una lucha histórica que ha sido impulsada por la sociedad y principalmente por los movimientos sociales y quienes han trabajado para que la dignidad, la igualdad y la justicia puedan ser una realidad para todas y para todos.
Apuntó que siempre han asumido el compromiso de ampliar y de hacer efectivos los derechos de quienes, por mucho tiempo, han enfrentado no solamente desigualdad sino también exclusión, y ese compromiso se ve reflejado en diferentes avances.
Indicó que la iniciativa que los ocupa parte de una realidad que no puede ignorarse, que son las violaciones a los derechos humanos y que no necesariamente ocurren únicamente desde un ámbito de la autoridad en la sociedad, sino que existen también relaciones de poder, desigualdades económicas, violencia familiar, explotación y distintas formas de abuso que pueden colocar a las personas en una situación de vulnerabilidad.
Finalmente, manifestó que el compromiso es continuar con el avance en la construcción de un marco jurídico que permita que los derechos humanos sean realmente efectivos y que brinde mayor protección a quienes se encuentran en condiciones de desigualdad
De manera general se precisó que la Procuraduría es una institución diseñada para ejercer una fuerza persuasiva institucional, cuya eficacia no reside en la ejecución directa de sanciones sino en la capacidad de investigar, visibilizar, supervisar y activar los mecanismos de responsabilidad dentro del aparato estatal; funcionando como un contrapeso necesario que, mediante la denuncia pública, eleva el costo político y legal de la vulneración de derechos humanos por parte de cualquier autoridad, ya sea municipal o estatal.
Se argumentó que modificar el alcance de los asuntos de que conozca el organismo protector de derechos humanos en el estado resultaría contrario a lo previsto en el marco constitucional federal el cual sirve de parámetro para el Código Político Local.
La congresista Rocío Cervantes Barba indicó que, si bien la propuesta surge de una preocupación legítima, consideró que en algún punto la propuesta desnaturalizaba el modelo de protección de derechos humanos, invadía ámbitos competenciales de otras autoridades y generaba incertidumbre jurídica respecto a las atribuciones de la PRODHEG.
Agregó que las relaciones entre particulares ya están resueltas por otras ramas del derecho administrativo, civil, penal, y convertirla en eso sería generar confusión entre las vías de tutela que ya existen.
Finalmente, la legisladora María Eugenia García Oliveros comentó que se continuaría con el análisis de la propuesta en Comisión.
En los trabajos de la mesa estuvieron presentes las diputadas María Isabel Ortiz Mantilla, Rocío Cervantes Barba, María Eugenia García Oliveros y Plásida Calzada Velázquez, así como representantes de la Consejería Jurídica, de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado y de la Fiscalía General del Estado.